Bergara orientará su crecimiento al alquiler protegido: 739 VPO y viviendas tasadas y un plan contra los 790 pisos vacíos
El plan de acción 2026-2028 ligado a la declaración de zona tensionada prioriza la protección pública en los desarrollos pendientes, refuerza el programa Bizigune, estudia subir el recargo del IBI a la vivienda vacía y apuesta por rehabilitar antes que expandir.
Bergara estrena su condición de zona tensionada con un plan sobre la mesa. El departamento de Vivienda del Gobierno vasco y el Ayuntamiento han presentado las líneas del plan de acción 2026-2028 asociado a la declaración, que orienta el crecimiento residencial del municipio guipuzcoano hacia el alquiler protegido: de las 1.123 viviendas nuevas que contempla su planeamiento, 739 serán protegidas, entre VPO y viviendas tasadas.
El anuncio llega el mismo día en que el BOE publica la declaración del municipio como zona de mercado residencial tensionado, junto a Sopela y Urduliz. El viceconsejero de Vivienda, Miguel de los Toyos, se reunió la semana pasada con el alcalde, Gorka Artola, y el concejal de Urbanismo, Markel Azkargorta, para analizar el plan y visitar varias de las parcelas previstas para vivienda protegida.
Los datos de un mercado bajo presión
Las cifras que maneja el departamento explican la declaración. El precio medio del alquiler en Bergara ha subido un 21,5% en los últimos cinco años, el municipio cuenta con 470 expedientes activos en Etxebide, el servicio vasco de alquiler social, y el 86,6% corresponde a personas que demandan una vivienda en alquiler. El 77,5% de los inscritos dispone de ingresos bajos o medio-bajos y el 26,8% tiene menos de 36 años. Frente a esa demanda, el parque de vivienda protegida y pública representa solo el 6,4% del total, un desfase que el plan quiere corregir.
739 protegidas de las 1.123 previstas
El Plan General de Ordenación Urbana contempla en total 1.123 viviendas nuevas, de las cuales 291 serán VPO y 448 viviendas tasadas, una reorientación pensada para priorizar el alquiler. El documento no plantea una nueva expansión residencial a corto plazo, sino revisar los criterios urbanísticos y los regímenes de protección de los desarrollos pendientes para reforzar el peso de la vivienda protegida y aprovechar mejor las posibilidades del planeamiento vigente.
Sobre el terreno ya hay movimientos concretos. Se ha concretado la posibilidad de conveniar la cesión y próxima ejecución de la parcela municipal A17.1, en Artzamendi, con capacidad para 20 VPO, y se valoran los ámbitos del entorno del nuevo edificio del instituto Miguel Altuna, el de Urteaga y la zona de la antigua Algodonera. En el desarrollo de A-40 ya están en ejecución 36 viviendas libres. La colaboración con Visesa, la sociedad pública de suelo, especialmente en parcelas de titularidad pública, es otra de las vías previstas para materializar las actuaciones.
790 viviendas vacías y el IBI como palanca
El plan identifica 790 viviendas vacías o deshabitadas, según el censo municipal utilizado como referencia para las políticas públicas. Una parte presenta problemas de antigüedad o conservación, de modo que su incorporación al mercado requerirá en determinados casos actuaciones previas de rehabilitación. Bergara cuenta actualmente con 62 viviendas incorporadas al programa Bizigune, y el documento propone reforzar su capacidad de captación, mantener los incentivos vinculados y estudiar medidas fiscales sobre la vivienda vacía.
Entre esas medidas figura analizar la posibilidad de elevar el recargo del IBI aplicado a las viviendas que no constituyen residencia habitual, actualmente situado en el 50%, hasta el máximo que permita la normativa. «No basta con identificar las viviendas vacías: hay que conocer por qué no se utilizan y qué necesitan para volver a cumplir una función residencial», ha señalado De los Toyos, que ha pedido combinar la rehabilitación, la seguridad para las personas propietarias y la colaboración con los programas públicos de alquiler en una misma respuesta.
Rehabilitar y sacar partido a lo ya construido
La rehabilitación constituye otro eje del plan: identificar las necesidades del parque residencial, mejorar la accesibilidad y la eficiencia de los edificios y priorizar las situaciones en las que las condiciones de habitabilidad, la presencia de personas mayores o la existencia de viviendas vacías hacen más necesaria la intervención. El barrio de Osintxu se perfila como posible ámbito piloto de un modelo de acompañamiento a las comunidades de propietarios para rehabilitar y movilizar vivienda.
El plan propone además generar oferta sin ocupar más suelo: facilitar, bajo condiciones reguladas, la transformación de locales en viviendas, estudiar la división de determinados caseríos cuando resulte compatible con la actividad agraria y permitir la segregación de viviendas de gran tamaño. Estas medidas exigen revisar ordenanzas y procedimientos municipales y garantizar que las nuevas unidades cumplen las condiciones de habitabilidad.
Atención a la demanda y coordinación
En 2024, el 51,32% del gasto municipal de Bergara en ayudas de emergencia social se destinó al alquiler, con un importe de 149.300 euros. El documento propone adaptar la gestión de esas ayudas al nuevo sistema de prestaciones de vivienda, reforzar la coordinación con Etxebide e informar y acompañar a la ciudadanía en la tramitación. También plantea abordar la ocupación prolongada de los alojamientos de emergencia por falta de alternativas residenciales asequibles, mejorando la coordinación entre servicios sociales y políticas de vivienda.
Un mapa vasco ya mayoritario
Con Bergara son ya 21 los municipios tensionados de Euskadi, que concentran más del 55% de la población vasca, 1.198.000 personas, y otros catorce tienen la solicitud en tramitación. El plan de acción se estructura en cuatro ejes -ampliación y movilización de la oferta, rehabilitación y aprovechamiento del parque existente, atención a la demanda y coordinación institucional y seguimiento- con calendario 2026-2028 y la Mesa de Vivienda como órgano central de coordinación y actualización de la información.
«La declaración de zona tensionada nos proporciona herramientas, pero lo importante es utilizarlas dentro de una estrategia realista, coordinada y con capacidad para ejecutarse», ha resumido De los Toyos. El alcalde, Gorka Artola, ha insistido en el objetivo: «que cada vez más personas puedan encontrar en Bergara una vivienda adecuada y asequible, y para ello es fundamental sumar esfuerzos y aprovechar todas las herramientas disponibles».
La secuencia de Bergara ilustra la doble pata que la Ley por el derecho a la vivienda exige a las zonas tensionadas: al control de los precios de los nuevos contratos debe acompañarle un plan de oferta ejecutable en tres años. Euskadi, además, ha convertido esa obligación en una política industrial: el Gobierno vasco obligará a industrializar parte de la ejecución de sus VPO a partir de 2027 para recortar plazos.
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