Euskadi obligará a industrializar sus VPO: del 10 % al 60 % del presupuesto de ejecución, por grados, a partir de 2027
El Gobierno vasco exigirá un mínimo de construcción industrializada en todas sus promociones públicas de vivienda una vez entre en vigor el certificado de industrialización, previsto para el primer trimestre de 2027. La promoción piloto de Sopela recortó los plazos entre un 30 % y un 50 %.
La construcción industrializada acaba de dar en España un salto que va más allá de lo tecnológico: se convierte en requisito de la contratación pública. El Gobierno vasco exigirá un mínimo de construcción industrializada en todas sus promociones públicas de vivienda de protección oficial a partir del año que viene, según ha confirmado a Cadena SER Euskadi el director de Vivienda, Suelo y Arquitectura del departamento, Pablo García Astrain.
La exigencia se activará cuando entre en vigor el certificado de industrialización que actualmente está en licitación y que el departamento espera tener aprobado en el primer trimestre de 2027. Será la primera administración española que convierte la industrialización en un requisito reglado de su promoción pública, y no solo en una opción voluntaria.
Por grados: del 10 % al 60 % del presupuesto de ejecución
El mecanismo se aplicará de forma progresiva y por grados. En un primer momento se exigirá el Grado 1: entre el 10 % y el 30 % del presupuesto de ejecución material de la obra deberá ejecutarse con sistemas industrializados. Después se avanzará hacia el Grado 2, que elevará la horquilla al 30-60 % del presupuesto, es decir, más de la mitad de la ejecución de las promociones públicas se resolverá en fábrica.
El componente social de la decisión es igualmente relevante. La escasez de mano de obra en la construcción es uno de los cuellos de botella que más retrasan hoy la entrega de vivienda protegida en toda España. Trasladar gran parte del trabajo a la fábrica -con empleo más estable, en entorno controlado y atractivo para perfiles que no quieren la obra tradicional- es para el Gobierno vasco también una política de empleo industrial, no solo de vivienda.
Este enfoque gradual reconoce la realidad del sector: la capacidad productiva de la industria española de prefabricados y módulos está creciendo, pero todavía no podría absorber una exigencia máxima inmediata. El diseño recuerda a la filosofía de la UNE 41610, la primera norma española de construcción industrializada, que también optó por un sistema de grados para ordenar un mercado naciente.
La prueba de Sopela: plazos recortados entre un 30 % y un 50 %
El argumento central del Gobierno vasco es el tiempo. En la promoción piloto de Sopela, ya construida con este modelo, los plazos de ejecución se redujeron entre un 30 % y un 50 % respecto a una obra convencional. En un contexto de urgencia de vivienda protegida, ese recorte es la principal palanca política de la medida.
A la velocidad se suman otras ventajas que el departamento valora: mejor comportamiento en entornos urbanos consolidados, con menor afección a vecinos; acabados más homogéneos al fabricarse en entorno controlado; y menor necesidad de mano de obra en obra, un alivio frente a la escasez de operarios que frena hoy las promociones públicas.
En costes, la administración reconoce que hoy están a la par con la construcción convencional, pero confía en que la escala -precisamente impulsada por decisiones como esta- acabe abaratando las promociones. Es el círculo virtuoso que el sector lleva años reclamando: demanda pública estable para justificar la inversión en fábricas, algo que el propio sector identificó como condición en el análisis del despegue de la industrializada.
ERAIKI HUB y el ecosistema vasco
Para sostener la apuesta, el Gobierno vasco creó ERAIKI HUB, la Aceleradora de la Construcción Industrializada de Euskadi, que agrupa a fabricantes, ingenierías y promotoras del territorio. La combinación de demanda pública regulada y ecosistema industrial convierte a Euskadi en el laboratorio más avanzado de España en este modelo, por delante de las iniciativas privadas que dominan el resto del mapa nacional.
Qué cuenta como construcción industrializada es la pregunta que el certificado deberá responder con precisión. El abanico es amplio: paneles de fachada prefabricados, estructuras tridimensionales modulares, baños completos fabricados en planta, armaduras prefabricadas o sistemas de cerramiento industrializado. Cada familia de sistemas aporta un porcentaje distinto sobre el presupuesto de ejecución, y de ahí la necesidad de una certificación que evite tanto el maquillaje de cifras como el rechazo de soluciones legítimas.
El efecto sobre el tejido empresarial puede ser considerable. Una demanda pública estable y reglada es exactamente lo que los fabricantes españoles de construcción industrializada reclaman para justificar la inversión en nuevas plantas: sin volumen garantizado, la fábrica no se amortiza; sin fábricas, la exigencia no se puede cumplir. Euskadi intenta romper ese círculo convirtiéndose en primer cliente reglado del sector.
También habrá que vigilar el impacto sobre la licitación. Si el certificado exige capacidades que solo unas pocas empresas pueden acreditar hoy, la administración corre el riesgo de quedarse sin ofertas en los primeros concursos. El diseño por grados -empezar por el 10-30 % del presupuesto- parece pensado precisamente para dar tiempo al mercado a reaccionar sin vaciar los pliegos.
La medida se enmarca en una corriente europea más amplia: los países con mayor tradición de vivienda pública industrializada, de los nórdicos a Países Bajos, han utilizado la contratación pública como tractor de la industrialización durante décadas. España llega tarde a esa senda, pero decisiones como la vasca empiezan a dibujar un mapa en el que la fábrica pasa a ser una prolongación de la obra, y no una excepción.
El propio García Astrain matiza que la industrializada no es la opción idónea en todos los casos: el método deberá incorporarse atendiendo a la realidad de cada promoción. El certificado en licitación será la herramienta que determine qué sistemas y qué porcentajes se aceptan en cada proyecto, y será, en la práctica, el documento al que las empresas que quieran licitar VPO vasca deberán prestar atención desde el primer trimestre de 2027.
Para el resto de administraciones, el precedente vasco es observado con lupa: si el sistema de grados funciona, la exigencia de industrialización en la contratación pública de vivienda podría extenderse a otras comunidades que hoy enfrentan los mismos problemas de plazo y de mano de obra. El montaje de módulos industrializados dejaría de ser una novedad para convertirse en requisito de pliego.
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