El Gobierno aprueba 21 medidas para la vivienda: deducción por alquiler, préstamos ICO sin intereses y 280 millones en avales para industrializada
Dos reales decretos ley agrupan incentivos fiscales, una línea de 10.000 millones para la primera vivienda, avales para construcción industrializada y límites a la compra especulativa. En el momento de su aprobación, el 6 de octubre, su convalidación quedaba en manos de la Diputación Permanente.
El Consejo de Ministros ha aprobado dos reales decretos ley con 21 medidas para facilitar el acceso a la vivienda, un paquete que el presidente Pedro Sánchez ha presentado como respuesta a «uno de los problemas que más preocupa a la ciudadanía». Los textos recuperan la esencia de los decretos que decayeron el 29 de septiembre al no ser convalidados por el Congreso y añaden novedades. Con las Cortes disueltas y elecciones generales convocadas, las normas quedaban a la espera de convalidación por la Diputación Permanente en el momento de su aprobación.
Para los inquilinos, la medida estrella es una deducción en el IRPF de parte del alquiler: con una renta de 800 euros mensuales, la deducción se acercará a los 1.000 euros anuales. Los pequeños propietarios que alquilen a precios asequibles recibirán un incentivo fiscal. Y para la compra de la primera vivienda se crea una línea de financiación de 10.000 millones de euros, gestionada por el ICO, con préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses, pensada sobre todo para cubrir la entrada que frena la emancipación de los jóvenes.
El paquete tiene una lectura directa para el sector de la construcción. El Gobierno destinará 280 millones de euros a avales para fomentar la construcción industrializada de vivienda, con el argumento de que acorta plazos y eleva la oferta más rápido, y otros 400 millones para proveedores de vivienda social. Además, la entidad pública Casa 47 adquirirá miles de inmuebles procedentes de la Seguridad Social para destinarlos a colectivos con más dificultades.
En el frente de la estabilidad, un decreto prorroga hasta dos años los contratos de alquiler de quienes estén al corriente de pago y limita las subidas; el otro establece la prórroga automática de los contratos al vencimiento, salvo en determinados supuestos. Sánchez reconoció en la rueda de prensa que esa segunda norma no contaba entonces con mayoría suficiente y que no entraría en vigor hasta que la convalide la Diputación Permanente.
El cuarto objetivo es combatir la especulación: se limita la compra de vivienda por los llamados fondos buitre, se vinculan los beneficios fiscales de las Socimis al alquiler asequible, se obliga a los pisos turísticos a «tributar como lo que son, un negocio» y se regula el alquiler de temporada y de habitaciones.
Para estudios de arquitectura, ingenierías y promotoras, la señal práctica es doble: dinero público nuevo para industrialización y vivienda protegida, y un marco de alquiler aún en movimiento. Con la convalidación pendiente en el momento de la aprobación, conviene seguir de cerca qué medidas quedan finalmente en pie y con qué redacción.
El contexto: un paquete recuperado tras el varapalo parlamentario
La historia parlamentaria del paquete importa tanto como su contenido. Las medidas llegan después de que los reales decretos anteriores decayeran al no ser convalidados por el Congreso, de modo que el Gobierno ha optado por reeditarlos con retoques y añadidos. En el momento de su aprobación, la convalidación seguía pendiente, un trámite que en los últimos años ha modificado o tumbado normas enteras. Para cualquier profesional, la lectura práctica es esperar al texto definitivo antes de orientar decisiones de clientes o de cartera.
Los reales decretos ley son una vía legislativa de urgencia que el Congreso debe convalidar o derogar en el plazo de treinta días. Mientras no se produce la votación, la norma está en vigor pero con incertidumbre sobre su continuidad, algo a tener en cuenta en operaciones que maduren en semanas.
Qué supone para la industrialización y la vivienda protegida
Los 280 millones en avales para construcción industrializada refuerzan una línea que el sector llevaba años reclamando: financiación pública para un modelo productivo que reduce plazos y depende menos de la escasez de mano de obra en obra. Es la misma apuesta que recogen las iniciativas recientes sobre construcción industrializada y que encaja con el objetivo del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 de aumentar la oferta asequible.
Junto a los avales, los 400 millones para proveedores de vivienda social y el papel adquisidor de Casa 47 dibujan un mapa de encargos para los próximos ejercicios: proyectos de protegida, módulos industrializados y gestión de alquiler asequible. Estudios e ingenierías que aún no trabajan con estas administraciones deberían revisar los requisitos de acceso a los concursos y contrataciones que se derivarán, porque los pliegos suelen exigir acreditación previa y plazos de entrega ajustados.
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